Cúcuta, la capital de Norte de Santander, se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes, desatada por una serie de atentados violentos perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a finales de febrero de 2025. Esta ola de violencia, que ha dejado a varios heridos y sumido a la ciudad en una sensación de descontrol, ha llevado al Gobierno nacional a tomar medidas extraordinarias para frenar la escalada terrorista. En un consejo de seguridad extendido hasta la madrugada del 20 de febrero, las autoridades nacionales decidieron fortalecer el pie de fuerza en la región y redoblar los esfuerzos de investigación para prevenir nuevos ataques.
En respuesta a los recientes atentados con explosivos, que demostraron el poderío del ELN en la región, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, desplegó a más de 4.000 efectivos de la Fuerza Pública en las calles de la ciudad. Esta intervención incluyó la presencia de 3.000 policías y 1.200 soldados. Sin embargo, el Gobierno nacional no se conformó con estas medidas iniciales y anunció nuevas acciones para asegurar la recuperación del orden público. Un refuerzo significativo en la seguridad, con la llegada de 82 hombres para fortalecer los grupos especiales de la policía y un escuadrón de carabineros, es solo el comienzo de un plan de respuesta más amplio.
El ministro del Interior encargado, Gustavo García, destacó la magnitud de la crisis y aseguró que las medidas ordinarias ya no son suficientes para enfrentar la violencia desatada por el ELN. “Estamos en un momento crítico, en el que las acciones convencionales no son suficientes”, afirmó el ministro, quien también subrayó que la lucha contra la violencia terrorista requiere de estrategias más contundentes. Para fortalecer los procesos de investigación, 52 expertos en criminalística serán enviados a la región para colaborar con la Fiscalía, con el fin de recolectar información que permita anticipar y prevenir nuevos ataques.
El ELN, según lo indicó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, fundamentó sus atentados en dos motivos históricos: la conmemoración de la muerte del sacerdote guerrillero Domingo Laín Sáenz y el fortalecimiento de su Frente de Guerra Urbano Nacional. Estos hechos, aunque anclados en la memoria histórica de la guerrilla, ponen de manifiesto la estrategia del ELN de aprovechar fechas simbólicas para generar caos y desestabilizar la región.
No es la primera vez que la Defensoría del Pueblo emite alertas sobre la creciente presencia de grupos armados en Cúcuta. Desde 2020, la entidad ha señalado de manera reiterada el avance del ELN en la zona, así como la disputa por el control territorial entre otros actores armados, como el Clan del Golfo y los disidentes de las Farc. Las consecuencias de esta lucha por el poder han sido devastadoras para la población civil, que ha sufrido secuestros, amenazas, homicidios y desapariciones forzadas, según informes de la Defensoría.
Cúcuta se ha convertido en un terreno fértil para la expansión de las economías ilícitas, lo que ha impulsado la llegada de grupos armados ilegales que buscan controlar el tránsito de mercancías ilegales entre Colombia y Venezuela. Esta frontera, que conecta a ambos países, es crucial para los mercados internacionales de drogas y otros productos ilícitos. La movilidad entre Cúcuta y el territorio venezolano facilita las rutas de contrabando y tráfico de sustancias, lo que ha convertido a la ciudad en un epicentro de violencia relacionada con el crimen organizado transnacional. Frente a este panorama, el Gobierno nacional se enfrenta a un desafío mayúsculo para recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
